Cien mil lempiras y 88 votos: la fusión silenciosa del Partido Liberal con el Partido Nacional
Hay semanas que describen un sistema mejor que cualquier ensayo. La semana del 7 al 17 de abril de 2026 es una de ellas. En diez días, un presidente del Partido Nacional entregó bonos de cien mil lempiras a diputados del Partido Liberal, el jefe de la bancada liberal reconoció públicamente haber gestionado esa transferencia, y esos mismos diputados votaron, junto al bloque nacionalista, para destituir al consejero del CNE que venía denunciando irregularidades en la elección de noviembre. Los hechos están encadenados, documentados y admitidos por sus propios protagonistas. Lo único que queda por decir es lo obvio: el Partido Liberal y el Partido Nacional, en este Congreso, no son dos partidos. Son dos corrientes de un mismo aparato, y ya ni siquiera se toman el trabajo de disimularlo.
La cronología
El martes 8 de abril, la diputada liberal Iroshka Elvir denunció públicamente que en su cuenta bancaria había aparecido, durante la Semana Santa, un depósito de cien mil lempiras proveniente de Casa Presidencial. Elvir fue clara: no pidió el depósito y en ningún momento lo solicitaría. Otros diputados liberales confirmaron, en los días siguientes, que habían recibido el mismo monto. El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, salió a explicar: fue él quien gestionó la transferencia ante el gobierno de Asfura, para atender “proyectos sociales” en los departamentos, y anunció que seguirá solicitando apoyos similares.
Un día antes de que se destapara el depósito, el 9 de abril, el Congreso Nacional había admitido con 91 votos el juicio político contra el consejero del CNE Marlon Ochoa, el magistrado del TJE Mario Morazán y dos suplentes. La acusación: haber “obstaculizado” las elecciones de 2025, es decir, haber denunciado las irregularidades del proceso en el que el Partido Nacional terminó siendo declarado ganador por un margen menor al uno por ciento. De los 128 diputados, votaron a favor 91: toda la bancada del Partido Nacional (50), prácticamente toda la bancada del Partido Liberal (38 de 40) y parte del bloque de partidos menores. En contra: la bancada de LIBRE completa, más dos diputados liberales —los mismos Iroshka Elvir y Alejandro Canelas— que tuvieron la dignidad política de separarse del gesto.
El jueves 17 de abril, tras una sesión de nueve horas, el Congreso consumó la destitución con 88 votos. Ochoa, que no asistió a su propio juicio —lo llamó un “tribunal con sentencia escrita”—, salió del país ese mismo día, según informó después el diputado de LIBRE Marco Ramiro Lobo. La cifra aritmética importa: el Partido Nacional tiene 50 escaños. No hay ninguna forma de llegar a 88 sin el voto masivo del Partido Liberal.
Lo que los números prueban
El funcionamiento matemático de este Congreso es lo primero que hay que mirar, porque desmiente por sí solo el discurso de oposición que el Partido Liberal intenta sostener hacia afuera. Con 50 diputados, el Partido Nacional no puede aprobar nada solo. Ni siquiera alcanzar la mayoría simple de 65 votos. Necesita —siempre, en cada votación relevante— que otro bloque se sume. Ese otro bloque, sistemáticamente, es el Partido Liberal.
Dicho de otro modo: nada de lo que el gobierno de Asfura está logrando en el Legislativo sería posible sin la complicidad activa de la bancada liberal. El juicio político a los funcionarios electorales que denunciaron el proceso de noviembre no es una excepción: es la primera demostración a gran escala de un patrón que probablemente se repita durante los próximos cuatro años. Y esa complicidad, ahora lo sabemos, no se negocia gratis.
La coreografía de los bonos
Aquí conviene ser precisos, porque la palabra soborno es jurídicamente delicada y nadie en Casa Presidencial va a firmar un comprobante que diga eso. Lo que tenemos es una secuencia verificable:
- El presidente Asfura decide, invocando su potestad, transferir cien mil lempiras a cuentas individuales de diputados, en su mayoría de la bancada liberal.
- El jefe de la bancada liberal reconoce que él gestionó la transferencia y adelanta que pedirá más apoyos de ese tipo.
- Casa Presidencial ejecuta la transferencia durante la Semana Santa, en cuentas personales, sin que los diputados tuvieran que firmar nada en el momento.
- Días después, esa misma bancada vota, prácticamente en bloque, la destitución de funcionarios electorales alineados con la oposición a Asfura.
- Dos diputados liberales —dos de cuarenta— se niegan a votar así y denuncian el depósito.
La conclusión lógica no requiere imputar intenciones: las cosas que pasan juntas, pasan juntas. El propio Ochoa, en su carta pública antes del juicio, lo dijo con una frase que no es retórica sino descripción: verdugos que ya vendieron su voluntad. No es necesario que un fiscal pruebe en tribunales el vínculo entre el depósito y el voto para que, políticamente, ese vínculo sea evidente y público. Basta leer los periódicos con las fechas puestas una al lado de la otra.
El detalle del Fondo Departamental
Hay un agravante institucional. En los meses previos, el Congreso había derogado formalmente el Fondo Departamental, el mecanismo históricamente utilizado para que los diputados manejaran recursos discrecionales bajo la etiqueta de “ayudas sociales”. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, del Partido Nacional, presentó esa derogatoria como un gesto de transparencia. Cuatro meses después, Casa Presidencial reintroduce exactamente la misma figura —mismo monto mensual, mismo destino, mismo nivel de rendición de cuentas, que es ninguno— pero ahora ejecutada desde el Ejecutivo hacia cuentas personales. Lo que se prohibió por la puerta de adelante volvió a entrar por la de atrás, y entró directamente al bolsillo de los diputados que el presidente necesita para gobernar.
Las declaraciones de los propios afectados completan el cuadro tragicómico. El diputado Mario Segura admitió haber recibido el depósito y dijo que su bancada no es tan barata para venderse por esa cantidad. La frase, pensada para desactivar la acusación, termina confirmándola: la discusión sobre si vendieron el voto se reduce, en su propio argumento, a una cuestión de precio.
Dos partidos, una maquinaria
La tesis de que el Partido Liberal y el Partido Nacional son, en la práctica, dos corrientes de un mismo proyecto de poder no es nueva en Honduras. Tiene, por lo menos, el peso histórico de los últimos treinta años: alternancia sin diferencias programáticas, presidentes de ambos colores acusados por la misma corrupción, consejeros y magistrados repartidos entre las dos marcas como cuotas de un condominio. Lo nuevo —y lo que este abril hace explícito— es que ya ni siquiera la apariencia se cuida. El Partido Liberal no propuso una resolución alternativa al juicio político. No exigió garantías. No condicionó su voto a nada que tuviera sentido público. Recibió los cheques, gestionó más cheques y votó. Funcionó como bancada auxiliar del gobierno.
Si hay que atribuirle al Partido Liberal un mérito en esta legislatura, es éste: haber eliminado, con su comportamiento, la necesidad de que el debate sobre su identidad política siga abierto. No son centro, no son liberales históricos, no son oposición social ni socialdemócrata. Son, por descripción de sus propios actos, el ala económica y territorial del mismo bloque que gobierna desde el Ejecutivo.
Lo que queda, y lo que no queda
Quedan dos nombres —Elvir y Canelas— que sirven como prueba de que elegir distinto era posible. No hace falta romantizarlos; ninguno de los dos es Rosa Luxemburgo. Pero su voto demuestra, contra cualquier coartada que la bancada mayoritaria intente, que la disciplina partidaria no obligaba a votar con el Partido Nacional ni a embolsarse los cien mil. Quien votó así, quien aceptó así, lo hizo porque quiso.
Y queda la pregunta política más incómoda: ¿qué oposición real existe en Honduras cuando uno de los dos partidos tradicionales opera, en los hechos, como correa de transmisión del gobierno? La respuesta, por ahora, es que esa oposición existe sólo en LIBRE —herido, dividido y sin mayoría— y en las voces minoritarias dispersas. Ese es el mapa real del Congreso Nacional 2026-2030, antes de que termine su primer trimestre. Cualquier lectura que lo pinte distinto, incluidas las que emite la propia bancada liberal en sus comunicados oficiales, es una cortesía con los hechos que los hechos no merecen.
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